Suele decirse que la madre del obrar, del actuar humano, es la idea y aparece muy cierto ello porque si la idea es clara la acción que le sigue será bien definida y con un fin bien determinado, que, así, será claramente buscado. De allí que en el acto administrativo, que es el acto jurídico por el cual se expresa la actividad administrativa del Estado en su fin de bien común (art. 1º inc. 4º de la Constitución), es fundamental conocer muy bien el iter que lleva a la autoridad que lo emite a adoptar determinada decisión, desde que su finalidad no es otra que satisfacer necesidades públicas concretas de la ciudadanía (art. 3º Ley 18.575, de Bases de la Administración Pública), no de cualquier modo sino en conformidad con la Constitución y las normas dictadas en su conformidad (art. 6º inc. 1º de la Constitución). Como se advierte, se plantea una construcción jurídica basada en la Constitución, que recoge una larguísima tradición jurídica chilena, que se recuerda en el texto, por cuanto el Derecho no es la sola norma positiva, sino también historia y las bases racionales que lo vertebran, que emanan de la propia naturaleza humana, única manera que cumpla su finalidad que no es otra que concretar lo justo en una determinada comunidad política, ya que un Derecho que no haga realidad la justicia no solo es corrupción de su esencia sino que en nada se diferencia de las reglas de una banda de ladrones, como ya lo describía San Agustín en su De civitas Dei. Y nunca debe olvidarse que sin justicia jamás habrá paz, puesto que ésta es obra de la justicia.
Partiendo de la noción de relación jurídica –que eso contiene un acto administrativo– se entra de lleno en la de acto administrativo, no en una perspectiva meramente formal sino sustancial, que va a ser el hilo conductor –el leit motiv– de toda la obra. Este acto administrativo es obra de un procedimiento, en conformidad con lo dispuesto con la Constitución (art. 7º inc. 1º), que ha de ser, obviamente, justo y racional, “debido procedimiento”, y cuyo acto terminal será su publicidad. En el procedimiento se ha detenido el autor especialmente en el trámite de “toma de razón”, para mostrar que es un “acto trámite” dentro del procedimiento, y algo típicamente chileno.
Se analiza luego la vigencia, la impugnación (con especial referencia a la nulidad de derecho público), la aplicación (tema en el cual se demuestra el error de afirmar la “autotutela ejecutiva” como principio general cuando es solo la excepción en nuestro derecho positivo, como también se analiza la “exótica” presunción de legalidad, puesto que ni siquiera puede hablarse de presunción), y se concluye con la extinción del acto administrativo en sus diversas formas a que se refieren la ley, la jurisprudencia contralora y la jurisprudencia judicial, tales la invalidación, la revocación y la caducidad, en una visión crítica puesto que no pocas veces su aplicación ha llevado y lleva a una vulneración bien clara de los derechos fundamentales de las personas.
Esta obra muestra muy bien la posición del autor frente al derecho público y, en especial, al derecho administrativo: no un mero comentador de textos sino un análisis desde diversas perspectivas teniendo siempre presente que el Derecho existe en razón de las personas y para el bien común de la sociedad política en el orden temporal de la cual las personas son su raíz, origen y fundamento.