El retiro del 10% de los fondos de pensiones y las numerosas solicitudes de retención de dichos fondos pagar pensiones de alimentos incumplidas gatilló la dictación de dos cuerpos legales que modifica sustancialmente la cara de la justicia de familia en esta materia.
Se trata, por una parte, de la Ley N° 21.389, vigente desde noviembre de 2022, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la cual, entre otros aspectos, amplía el catálogo de medidas en contra de los deudores y busca agilizar la tramitación del cumplimiento de los alimentos y, por otra, de la Ley N° 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos que, entre sus muchas innovaciones, otorga a los jueces facultades para investigar el patrimonio del deudor y prohíbe la postulación a cargos públicos de quienes tengan una inscripción vigente en el registro antes mencionado.
Analizar los desafíos que la nueva institucionalidad en materia de ejecución de alimentos trae consigo es el objetivo de esta obra.