El texto estudia la judicialización de la salud frente a los recursos de protección presentados por pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes o catastróficas, cuyos tratamientos no están cubiertos por la normativa vigente. A partir de ahí, se indaga sobre el derecho a la salud desde una perspectiva nacional y comparada y, en particular, el derecho de acceso a medicamentos, sus fundamentos éticos y normativos, el costo de la salud en Chile (gastos de bolsillo, prestaciones médicas, entre otras), el mercado de los medicamentos y sus irregularidades y la institucionalidad vigente que regula la situación nacional. Luego, se centra en el análisis de la Ley Nº 20.850 (Ley Ricarte Soto), que regula las prestaciones a ciertas enfermedades raras o cuyos tratamientos son extremadamente caros. Se analiza la legislación desde sus orígenes y sus fundamentos, desde un punto de vista crítico, para revisar su financiamiento y las limitaciones que ha presentado durante su aplicación.
Conjugados todos los elementos (derecho universal, salud cara, mercado imperfecto de medicamentos y una ley que no reconoce cobertura a todas las enfermedades catastróficas), este libro se pregunta si las decisiones de la Corte Suprema no irían en contra del Estado de derecho, extendiéndose en sus facultades ya no bajo una discrecionalidad deferente, sino desde una imposición jurisdiccional de valores y moral. El libro postula que esta actitud podría estimarse como un activismo judicial que estaría atentando contra las bases del ordenamiento jurídico, el Estado de derecho y la legalidad en pos de una falsa autoprerrogativa protectora de garantías constitucionales. Frente a eso, se propone como vía de solución, que consigue aunar las fuerzas de todos los poderes e incluso ir más allá, permitiendo la colaboración de la ciudadanía y los grupos intermedios para que esa solución alcance un alto grado de sentido democrático y participativo, como es la justicia dialógica.