La presente obra pretende demostrar que los hechos del juicio se establecen en virtud de las aportaciones tanto del juez como de las partes. Ello, con el objeto de derribar la aplicación tradicional del principio de disposición en el juicio declarativo civil en el contexto de la jurisdicción como una actividad pública, incluso cuando se discuten derechos e intereses privados.
Así, se aborda el alcance que tienen las potestades judiciales en la configuración del material de hecho del juicio, los límites a que están sujetas y los mecanismos de control que pueden ejercitar las partes si hay exceso en el ejercicio de tales potestades, tanto en primera instancia como en sedes recursivas. Del mismo modo, se trata sobre la actividad de las partes bajo los conceptos de derecho y carga procesales y los tipos de enunciados de hecho que se introducen en los actos procesales que ejecutan. A lo largo de todos los capítulos, se usaron referencias a jurisprudencia nacional y, cuando fue pertinente, al proyecto de CPC y a la legislación española y a la alemana, además de la doctrina nacional y extranjera.