La legislación chilena promueve de modo prioritario la defensa de los derechos de los consumidores. El derecho fundamental de acceso a la justicia no se satisface con la mera existencia de tribunales que puedan resolver controversias, puesto que se trata de un derecho complejo que implica también la creación de estructuras procesales eficaces que satisfagan las necesidades sociales de solución de controversias individuales o colectivas. Con este propósito, se han introducido en los últimos años importantes reformas procesales que potencian la legitimación de órganos estatales, asociaciones de consumidores y grupos, que permiten afrontar la viabilidad de las denominadas acciones colectivas.

La creciente complejidad de las relaciones sociales y el surgimiento de los intereses colectivos y difusos como derechos humanos de tercera generación hacen necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de procedimientos colectivos que permitan a los individuos organizarse para la mejor defensa de sus intereses y derechos. El proceso colectivo abre la puerta de entrada a la Justicia dando una solución única y equilibrada a una controversia en que interviene un gran número de personas, afectando incluso a las que no han litigado. Se transforma, entonces, en una poderosa herramienta procesal que garantiza la justicia y la eficiencia de la decisión judicial superando diversos obstáculos.

En este libro se estudia el procedimiento colectivo incorporado a la ley chilena de protección del consumidor y sus diversas modificaciones, incluyendo la reforma introducida por la Ley Nº 21.081, de 2018. Además, se analiza el ejercicio de la acción colectiva en otros procedimientos especiales, con amplio análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.