Esta obra contiene el trabajo que ha desarrollado el autor en materia de fundamentos y principios de la potestad sancionadora de la Administración en el Derecho chileno. Para tal efecto se propone una reconstrucción dogmática del régimen de las infracciones y sanciones administrativas en nuestro ordenamiento, a fin de establecer su naturaleza, fundamentos constitucionales, los principios a los cuales se encuentra sujeta en su estructura sustantiva y en el procedimiento de aplicación de las mismas, todo conforme a las normas contenidas en nuestra Constitución y la legislación administrativa, especialmente teniendo a la vista la jurisprudencia que sobre la materia ha emanado del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.

Este trabajo parte de la hipótesis que la potestad sancionadora de la Administración encuentra su fundamento en la Constitución, particularmente en el principio de servicialidad del Estado y la cláusula de orden público, que exigen del Estado una actuación eficiente, eficaz y oportuna. Esto explicaría la intervención anticipada del Estado a través de sus órganos administrativos, lo cual no significa que no se deban respetar un conjunto de garantías en favor de los ciudadanos, tanto en la configuración de los ilícitos administrativos (legalidad, tipicidad, irretroactividad in pejus, culpabilidad, non bis in idem, prescriptibilidad, personalidad), como el procedimiento que tiene lugar en su aplicación (presunción de inocencia, derecho a la defensa, posibilidad de rendir pruebas, hacer alegaciones, etc.), sin perjuicio de la garantía de acceso a la justicia, como el mecanismo último y necesario que ha de asegurar el imperio del Derecho y el respeto de los derechos de las personas con fuerza de cosa juzgada.