Tras el establecimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en la Constitución de 1980 y la acción de protección que lo protege, las Cortes comenzaron, con distintos niveles de intensidad, a resolver casos ambientales. Durante la vigencia de este recurso los resultados han sido dispares, pero su uso ha sido exitoso en los casos de contaminación evidente que afecta a comunidades específicas.

Luego de la dictación de la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente en 1994 y especialmente después de la implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el recurso de protección se transformó en una especie de instancia contenciosa administrativa de nulidad de las resoluciones de calificación ambiental. Durante largo tiempo, la Corte sostuvo que los casos en el SEIA eran cuestiones de carácter técnico de lato conocimiento ajenas al recurso. Sin embargo, durante los últimos cinco años los Tribunales han decidido utilizar esta acción como un medio de control intenso de la discrecionalidad de la autoridad ambiental.

De igual modo, se ha sostenido durante la última década los casos acogidos de responsabilidad por daño ambiental, en donde la Corte Suprema ha ido definiendo criterios de entidad del daño significativo para efectos de acoger las acciones.

Los tribunales, y especialmente las Cortes, se han transformado en protagonistas de la regulación ambiental. El presente libro, está destinado a recopilar y sistematizar los criterios jurisprudenciales en materia ambiental de los últimos treinta años, de modo que podamos disponer de la información base para la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales tras la dictación de la ley Nº 20.600.